La detención de Armando Mera Olguín, quien ostenta la posición de alcalde con licencia de Progreso de Obregón y se postulaba como candidato a diputado del distrito local 7 por el Partido del Trabajo (PT), ha sacudido el panorama político de la región. El arresto se llevó a cabo debido a un presunto desvío de recursos públicos, que asciende a más de cinco millones de pesos según la cuenta pública de 2022.

Este acontecimiento confirma una preocupación latente: la permeabilidad del PT a individuos con antecedentes cuestionables, bajo la sombra del Grupo Universidad. Anticipándose a las acusaciones previsibles de persecución política, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) señaló que la administración de Mera Olguín no pudo justificar diversos gastos en varios rubros durante el ejercicio fiscal de 2022.

Entre los implicados en estas presuntas irregularidades se encuentran la tesorera municipal, Josefina Pérez Bagui, y el Director de Planeación Urbana y Obras Públicas, Christian Ruiz Arteaga. La falta de documentación justificativa de los gastos fue un patrón recurrente en áreas como el Gasto de Orden Social, Ayudas Sociales a Personas, Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles, Servicios Legales, y otros rubros relacionados con arrendamientos y conceptos de obra no realizados.

Tras una exhaustiva revisión, la ASEH detectó irregularidades por un total de más de cinco millones setecientos mil pesos. Las investigaciones comenzaron en agosto de 2023, y en marzo de 2024 se emitió un pronunciamiento negativo contra la gestión municipal, seguido por la solicitud de una orden de aprehensión contra el alcalde.

La detención de Mera Olguín el 23 de abril marca un hito en este proceso. Es relevante destacar que se brindó al alcalde la oportunidad de subsanar las irregularidades, pero no se presentaron pruebas suficientes para hacerlo. Este evento no es el primero que coloca al gobierno municipal de Progreso de Obregón bajo escrutinio; el incidente del fallecimiento de Beatriz Hernández Ruiz en circunstancias sospechosas en 2021 ya había generado polémica y malestar en la opinión pública.

La falta de acción efectiva para abordar este caso por parte de las autoridades locales ha contribuido a una sensación de impunidad. La detención de Mera Olguín subraya la importancia de abordar la corrupción y la impunidad en todos los niveles de gobierno, y envía un mensaje claro sobre la necesidad de rendición de cuentas en la esfera pública.


Con información de Expediente Ultra