En el marco del inicio de las campañas electorales de nivel federal el pasado 1 de marzo, Raúl Becerra Bravo, vocal secretario de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Hidalgo, ha emitido un severo recordatorio a funcionarios y servidores públicos sobre las consecuencias del incumplimiento de las normas de veda electoral. Con sanciones que oscilan entre administrativas y penales, y pueden llegar hasta los 9 años de prisión, el mensaje es claro: la neutralidad durante el periodo electoral no es opcional.

El periodo de veda electoral se caracteriza por la prohibición de difundir propaganda gubernamental que destaque logros alcanzados, con el fin de mantener la equidad en la competencia política. Esto, según Becerra Bravo, no implica una pausa en las actividades gubernamentales, sino una restricción en su difusión masiva. Los programas sociales y las obligaciones gubernamentales deben continuar, pero sin ser utilizados como vehículo de promoción partidista o personal.

La llamada a la neutralidad es firme, instando a los funcionarios públicos a abstenerse de apoyar abiertamente a algún partido político o candidato, de condicionar la entrega de programas sociales o de utilizar recursos públicos para influir en el electorado. Violaciones a estas directrices pueden acarrear graves consecuencias, desde sanciones administrativas hasta penas de prisión de 2 a 9 años, dependiendo de la gravedad del delito, con la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales como la entidad encargada de evaluar las faltas penales.

El INE, junto con los Órganos Internos de Control, se encarga de determinar las sanciones administrativas, que pueden incluir desde multas hasta la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Este régimen sancionador busca preservar la integridad del proceso electoral y garantizar que se desarrolle en un marco de competencia justa y equitativa.

A pesar de estas restricciones, se ha establecido un margen para ciertas campañas gubernamentales necesarias para la población, que fueron aprobadas por el INE antes del inicio del periodo de veda. De un total de 164 campañas presentadas por el Gobierno del Estado y sus dependencias, 111 recibieron luz verde. Estas incluyen iniciativas vitales como el “Gobierno itinerante”, programas de “Orientación a las nuevas generaciones” sobre el ciclo escolar, “Abastecimiento de agua”, entre otros temas de interés público como la promoción turística y cultural, y la seguridad.